En el marco de una investigación realizada por la UFIJ N.º 10, a cargo del fiscal Gustavo Zorzano, el juez Guillermo Mércuri -titular del Juzgado de Garantías N.º 2- ordenó la detención de 5 personas y la concreción de los allanamientos de sus domicilios, a fin de recolectar mayor cantidad de elementos probatorios en el marco de la causa en la que se investigan estafas con la venta de terrenos que eran llevadas a cabo a través de una organización destinada a ello.
De acuerdo a la investigación, desde el mes de febrero del año 2019 en adelante Antonio Agustín Cardinali, Daiana Paola Bustos, Enrique Cardinali, Valentina Nerea La Cruz y Luis Maximiliano Leppes, habrían integrado una asociación ilícita destinada a llevar a cabo conductas estafatorias a través de la cesión de derechos y acciones posesorios sobre bienes inmuebles.
La modalidad que utilizaban era ofrecer a la venta, en general, desde diversos perfiles en redes sociales tales como Facebook y Marketplace distintos lotes, coordinando luego telefónicamente con los interesados una reunión para exhibirlos, donde se procuraba concretar las las operaciones inmobiliarias.
Los detenidos se habrían valido de documentación falsa, suscribiendo contratos que dotaban de apariencia de legalidad a las operaciones que concretaban, sabiendo que no tenían derechos legítimos sobre los terrenos que ofrecían, realizando también en algunos casos, sucesivas ventas sobre un mismo lote, a distintas personas.
Para brindar mayor apariencia de seriedad y veracidad a la operatoria, en la mayoría de los casos, se procedía a exhibir y entregar a los compradores copias de proyectos de subdivisión, informes de dominio, estados parcelarios y cadena de boletos de cesión de acciones y derechos posesorias sobre los mismos.
En algunos de estos casos, los lotes ofrecidos y fraudulentamente negociados, tenían restricciones para la construcción por el paso de un oleoducto, situación que también era ocultada a las víctimas como parte del engaño.
Otras operaciones se hicieron sobre terrenos de titularidad de la Municipalidad de Bahía Blanca, los que tampoco resultaban aptos para este tipo de transacciones inmobiliarias.
La Justicia de Garantías ordenó las medidas en torno a 31 hechos de los 153 que se encuentran en trámite de investigación en la fiscalía y dio por acreditada, a esta altura, el delito de asociación ilícita en concurso real con estafas reiteradas, estas últimas en concurso ideal con el delito de uso de documento público falso y uso de documento privado falso.
En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, dinero en efectivo, una computadora y documentación relacionada con la investigación.
