Dos hermanos identificados como Hugo Patricio y Hugo Máximo Alessandrini fueron detenidos en las últimas horas por orden del Juzgado de Garantías N.º 1, tras un extenso proceso de apelaciones impulsado por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N.º 14, a cargo del fiscal Marcelo Romero Jardín, en el marco de una causa que investiga un violento robo y abuso sexual ocurrido en la localidad de Coronel Pringles.
Tras concretarse las detenciones, ambos acusados fueron indagados e hicieron uso de su derecho a negarse a declarar. En esa instancia, quedaron formalmente imputados por el delito de robo agravado por el uso de arma blanca, figura por la cual deberán responder en calidad de autores, en concurso real con abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido mediante el empleo de un arma. Respecto de este segundo delito, la fiscalía imputó a Hugo Patricio como autor material y a Hugo Máximo como partícipe necesario.
De acuerdo con los elementos reunidos en el expediente, el ataque se produjo el 16 de febrero de 2021 en el interior de una vivienda de Coronel Pringles en la que la víctima se encontraba junto a los dos hermanos. De manera imprevista, los hombres la agredieron con golpes de puño, la inmovilizaron atándole el cuello, las manos y los pies, y la intimidaron con un hacha de hierro para exigirle la entrega de dinero, logrando finalmente sustraerle todas las pertenencias que llevaba en su cartera.
En ese mismo contexto de violencia y bajo amenazas de muerte, la mujer fue arrastrada y retenida sobre una cama, donde fue sometida sexualmente por Hugo Patricio mediante diversos tocamientos.
La efectivización de las detenciones se concretó recién en 2026 luego de un prolongado trámite recursivo en las distintas instancias judiciales. En 2024, la fiscalía había solicitado por primera vez la privación de la libertad de los imputados, pero el pedido fue rechazado por el Juzgado de Garantías.
Ante esa negativa, el Ministerio Público Fiscal apeló la resolución y la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal hizo lugar al planteo, revocando el fallo de primera instancia. Sin embargo, al regresar el expediente a Garantías, el juzgado volvió a denegar las detenciones bajo otros fundamentos, lo que obligó a la fiscalía a interponer una nueva apelación ante la Cámara, instancia que finalmente ratificó la procedencia de la medida y permitió ordenar las capturas.