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Bahía Blanca, Buenos Aires, Argentina

Comenzó ayer y continuará en el día de hoy el juicio a dos efectivos policiales del Comando de Prevención Rural de Bahía Blanca, quienes demoraron a un transportista al que le exigieron dinero para continuar con su actividad.

Se trata de Miguel Ángel González y Raúl Alberto Rollhaiser a quien se los acusa de concusión agravada, robo agravado por ser cometido por un integrante de la fuerza policial, daño e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Según la causa investigada por la UFIJ N.º 10, a cargo del fiscal Gustavo Zorzano, los hechos ocurrieron el día 18 de enero de 2019, en el marco de tareas de control vehicular, el oficial González y el Subteniente Rollhaiser demoraron a un transportista, quien llevaba en su camión una carga de cebolla perteneciente a Santos Vaca Portal.

En esas circunstancias, el transportista se contactó telefónicamente con Vaca Portal, a quien le informó lo ocurrido, y posteriormente le pasó la comunicación a uno de los funcionarios policiales.

Dicho efectivo, alegando que el camionero no podría continuar viaje por no tener la factura de la mercadería que transportaba, exigió la presencia de Vaca Portal. Ante el compromiso del damnificado de presentarse en la sede del Comando de Prevención Rural de Bahía Blanca durante ese día, los efectivos autorizaron al camionero a continuar viaje con la cuestionada carga.

Más tarde el damnificado se presentó en la dependencia policial, donde fue atendido por González y Rollhaiser, quienes le dijeron que “iba a tener problemas porque estaban mal los papeles de la mercadería”, le hicieron suscribir documentación que – según le informaron- sería remitida a la Fiscalía y le exigieron a Vaca Portal el pago de veinte mil pesos por semana, como condición para no demorar -a partir de entonces- los camiones que transportaran su mercadería.

En esas circunstancias, creyendo que estaban siendo grabados por la víctima, el Subteniente Rollhaiser le sustrajo a Vaca Portal su teléfono celular, para borrar toda la información que contenía el dispositivo y horas más tarde, se le restituyó su aparato telefónico sin ningún tipo de información, pudiendo retirarse el damnificado de la dependencia.

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